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El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la solicitud de información sobre Botnia -UPM
Instituyeron
la condición de regresar a La Haya… En la sesión ordinaria de este
jueves, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó en forma unánime
el Proyecto de Resolución que solicita a la Cancillería Argentina y a la
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informen sobre los
resultados de los monitoreos realizados en la planta de Botnia -UPM por
el comité científico formado a tal fin.
“Todo
lo que planteamos hace mención a los inconvenientes desde el fallo de
La Haya, el cual resolvió que Uruguay había violado los mecanismos de
cooperación del Estatuto del Río Uruguay, indica que Uruguay obró de
mala fe, que Botnia superó los límites de contaminación permitidos y
fundamentalmente ordena que a través de la CARU se forme un comité de
vigilancia para hacer monitoreos continuos en la planta e indica que el
Uruguay coopere y no se agrave la situación”, manifestó al respecto, el
presidente del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Martín Piaggio.
Y
agregó: “Planteamos todo los inconvenientes que hubo y planteamos una
analogía entre lo que ocurrió cuando se había anunciado la construcción
de Botnia, que existió la intención de trabajar de conjuntamente ambas
Cancillerías conformando el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) para
realizar un estudio de impacto ambiental, que fracasó a los pocos meses
por impedimentos realizados por la delegación del Uruguay”.
“Cuando
se decidió ir a La Haya fue por la falta de cooperación y por obrar de
mala fe del gobierno uruguayo, algo muy similar a lo que está ocurriendo
hoy, que el gobierno uruguayo a través de su delegación en la CARU pone
trabas continuamente y no permite llegar a un entendimiento e impide la
redacción de los informes tras los monitoreos, que deben ser dados a
conocer con el acuerdo unánime de las partes”, remarcó el concejal
oficialista.
Piaggio
también señaló el aumento en la producción de la pastera. “Esto fue
marcado por el canciller Timerman, por el senador Guastavino y el
Intendente Bahillo”, subrayó y añadió: “Las toneladas en que la planta
de Orión (hoy UPM, ex Botnia) se excede en su producción, equivale a
sumar al límite autorizado a la planta de UPM-Botnia, el trabajo de todo
el año de las pasteras que hay sobre el río Paraná”.
El texto en cuestión
Entre
los considerandos del proyecto de resolución sobresale que la Corte de
La Haya considera que la cooperación se extiende al control y vigilancia
del funcionamiento de un emprendimiento industrial como el de Botnia, y
remite a la CARU para la adopción y la puesta en práctica de las
medidas apropiadas para su control y vigilancia; que ese mismo Tribunal
ordenó realizar un monitoreo ambiental a la planta de Orión (hoy UPM, ex
Botnia) a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU),
además estableció que el conflicto no se agrave y recomendó no volver a
actuar de mala fe; que a cuatro horas de haberse firmado el Acuerdo
Presidencial que establecía las condiciones del monitoreo, ya la
Cancillería uruguaya, en abierta y pública desmentida a lo firmado por
el Presidente del Uruguay, volvió a reiterar objeciones y a dificultar
el inicio de las tareas de control y monitoreo, reiterando sus
actuaciones de mala fe, y negándose que la CARU ingrese a la Planta de
UPM ex Botnia.
El
proyecto también sostiene que el 6 de octubre de 2010, en el primer
ingreso del Comité Científico a UPM ex Botnia, se constata la
utilización de metodologías y prácticas en el funcionamiento de la
planta de UPM-Botnia contrarias a las normas aplicables y a las reglas
del arte en la materia; que a pesar de que se han realizado catorce (14)
monitoreos en la Planta de UPM, aún se desconocen sus resultados
oficiales por la negativa del Uruguay a dejar sin efecto la norma
especial para la planta de UPM en lo que hace al estándar Temperatura,
que fue dictada en clara violación de las obligaciones que surgen para
ambos países del Estatuto del Río Uruguay de 1975, según lo manifestado
por la Corte Internacional de Justicia en su fallo del 20 de abril de
2010 y que acceder a la información de los monitoreos permitirá a los
gobiernos adoptar las medidas necesarias para fortalecer la salud del
bien natural (no es solo un recurso) que es el río y sus áreas de
influencia.
Por
los considerandos expuestos, el HCD resolvió, por unanimidad, requerir a
la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a la Cancillería
Argentina, los informes del monitoreo, en el marco del desarrollo del
Comité Científico, y manifestar que una vez publicado esos informes el
Congreso de la Nación evaluará si amerita acudir nuevamente a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.
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